La lucha frontal contra la corrupción y el soborno requiere nuestro compromiso y hoy es una responsabilidad administrativa (incluye penal) de la Alta Dirección (D.L. 1352).

La lucha frontal contra la corrupción y el soborno requiere nuestro compromiso y hoy es una responsabilidad administrativa (incluye penal) de la Alta Dirección (D.L. 1352).
12 Set 2017

La teoría del triángulo del fraude es un modelo que trata de explicar por qué nos encontramos condicionados a cometer fraude; en ese sentido, existen factores motivacionales, racionales y de oportunidad. Asimismo, la tipología y esquemas de fraude son variados.

En el mundo existen diversos instrumentos que las empresas e instituciones han adoptado para combatir la corrupción. En nuestro país, el Poder Ejecutivo, dentro de sus facultades legislativas, promulgó el Decreto Legislativo 1352 en el que se destaca la co-responsabilidad entre el defraudador (corrupto) es decir, se sancionará al que no gestione de manera efectiva los medios disuasorios para evitar la corrupción.

Debemos evaluarnos y efectuar diagnósticos para saber de qué manera estamos preparados para prevenir y combatir la corrupción. ¿Estamos capacitados, efectivamente, para advertir, detectar y combatir el fraude?

Fuente: Estudio Mundial de Fraude 2014. Reporte a las Naciones sobre el abuso y el fraude ocupacional

Fuente: Estudio Mundial de Fraude 2014. Reporte a las Naciones sobre el abuso y el fraude ocupacional

Una breve introducción

1. Tipología del fraude

Los fraudes ocupacionales son aquellos en los que un empleado, directivo, funcionario, accionista o propietario de una empresa comete algún acto en perjuicio de esa organización o de su entorno.

Los tres tipos principales de fraude en el entorno laboral son:

a. corrupción,
b. apropiación indebida de activos, y
c. declaraciones fraudulentas.

La clasificación completa de fraude laboral a menudo es llamada el Árbol o Esquema del Fraude, tal y como se muestra a continuación:

2. La corrupción y el soborno en el Perú

En el Perú existe una entidad encargada de coordinar los esfuerzos y acciones de diversas entidades a nivel nacional (instituciones públicas, privadas y sociedad civil) contra la corrupción: la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).

Sus principales funciones son las siguientes:

• Proponer al Poder Ejecutivo políticas de corto, mediano y largo plazo de manera intersectorial e intergubernamental
• Fomentar una cultura de valores
• Coordinar la contribución de las entidades al cumplimiento de las normas de transparencia y ética
• Coordinar con las Comisiones Regionales Anticorrupción
• Elaboración del Informe Anual de la Lucha contra la Corrupción
De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016, el Perú ocupa el puesto 101 de 176 países. La puntuación del IPC correspondiente a un país o territorio indica el grado de corrupción en el sector público según la percepción de empresarios y analistas del país entre 100 (percepción de ausencia de corrupción) y 0 (percepción de muy corrupto).

En el mundo existen una gran cantidad de información normativa que contribuye con la lucha contra la corrupción. Entre ellas se destacan las siguientes:
a) Anti-Bribery, Anti-Corruption and Anti-Money Laundering (“ABAC/AML”),
b) Ley Sarbanes-Oxley (SOX),
c) Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero (“FCPA” por sus siglas en inglés)
d) UK Bribery.

Por otro lado, el Perú se ha comprometido, en diversos espacios internacionales, a efectuar medidas apropiadas y necesarias para luchar contra la corrupción.

Norma peruana creada en el 2017

El Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas (“DL 1352”).

En el Perú, dentro de las facultades delegadas al ejecutivo, el Decreto Legislativo (DL) 1352 del 07 de enero 2017 regula la responsabilidad administrativa (sin perjuicio de la responsabilidad penal) de las personas jurídicas involucradas en actos de corrupción, lavado de activos y financiamiento de terrorismo. En concreto, conmina a las organizaciones a adoptar e implementar un modelo de prevención adecuado a su naturaleza (volumen de operaciones, riesgos, características propias y de su sector, etc.), medidas que gestionen el riesgo de corrupción que no solo tienen un impacto económico, sino también en la reputación, en la moral de los trabajadores y en la percepción del mercado. Este DL puede generar el cierre de operaciones de las empresas.

3. Conclusiones

Existen retos que los “dueños de las organizaciones” deben considerar: ¿cómo se debe transmitir la importancia de prevenir y sancionar la corrupción? ¿Qué motiva a la organización a tener integridad? ¿Conocemos los riesgos y su gerenciamiento en nuestra organización? No es suficiente con promulgar leyes específicas contra la corrupción. Se necesita implementar con urgencia reformas sistémicas que puedan gestionar las amenazas (internas y externas) a las organizaciones.

Las medidas urgentes para prevenir y combatir la corrupción y el soborno son las siguientes:

i. Divulgación firme y contundente en la organización de que se están realizando medidas
ii. Due Diligence de los terceros (sharehoolders) que incluye clientes, proveedores, empleados, alta dirección, etc. con el fin de conocer si tenemos conflictos de intereses o relaciones no adecuadas
iii. Políticas y procedimientos de “cero” tolerancia
iv. Transparencia en las comunicaciones
v. Adecuado soporte documentario de las operaciones / transacciones
vi. Capacitación de los “key players” o empleados / colaboradores que por su función tengan contacto con proveedores y/o clientes

Asimismo, las empresas, grandes, medianas, pequeñas, familiares, como “best practices” deben preguntarse y efectuar alguna evaluación o diagnóstico que resuelva preguntas como las propuestas a continuación:

• ¿Se ha detectado indicios de fraude, irregularidades, comportamiento sospechoso o una posible manipulación contable? ¿Cómo acreditarlo para obtener las evidencias necesarias?
• ¿Se conocen los riesgos de fraude que afectan a su organización? ¿Cómo se pueden detectar y prevenir?
• ¿Se sabe lo necesario sobre los futuros socios, clientes, proveedors o stakeholders?
• ¿Se puede obtener información sobre la integridad, reputación, actividades, experiencia, solvencia, vinculaciones financieras y societarias, conflictos de interés, etc. de una persona natural o jurídica?

Para el 01 de enero de 2018 las empresas deben haber implementado este “sistema”. El reto se ha establecido, la coyuntura es propicia y las sanciones están listadas. Sin embargo, es pertinente cuestionarse lo siguiente: ¿en qué situación se encuentra el Perú frente a estos requerimientos legales y, ahora, globales?

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